SENTENCIA KANTAREV (C-561/16)

Sobre la responsabilidad de los Estados por infracción del Derecho de la Unión, en el contexto del mecanismo de garantía de depósitos previsto en la Directiva 94/19.

El margen de apreciación de que disponen los Estados para evaluar el estado de indisponibilidad de los depósitos es limitado, a efectos de apreciar la existencia de una violación suficientemente caracterizada

El 4 de octubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia en el asunto Kantarev (C-571/16), resolviendo la petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal administrativo de Varna (Bulgaria), sobre interpretación de la Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa a los sistemas de garantía de depósitos, modificada por la Directiva 2009/14/CE.

Esta cuestión se plantea en el marco de un litigio entre el Sr. Kantarev y el Banco Nacional de Bulgaria, con motivo del perjuicio que el primero habría sufrido en razón del reembolso tardío por el Fondo de Garantía de Depósitos, de los fondos obrantes en una cuenta corriente abierta por el Sr. Kantarev en el banco búlgaro KTB, a raíz de los problemas de liquidez que atravesó este último como consecuencia de una retirada masiva de depósitos.

El caso se plantea en relación con una normativa nacional (la búlgara) que subordinaba, en la fecha de los hechos examinados en el procedimiento principal, la puesta en marcha del mecanismo de garantía de los depósitos de las entidades bancarias, a la previa apertura de un procedimiento de insolvencia del establecimiento y a la revocación de la licencia para operar como entidad de crédito. En cambio, el Sr. Kantarev fundaba su reclamación de intereses por reembolso tardío de sus fondos, en que la indisponibilidad de los depósitos existió desde el momento en que las autoridades búlgaras sometieron el banco a un procedimiento especial de supervisión en vista de su crisis de liquidez, momento a partir del cual se suspendieron los pagos y el conjunto de operaciones de la entidad de crédito.

La cuestión prejudicial se plantea respecto de la interpretación del artículo 1, punto 3, epígrafe i), de la Directiva 94/19, que contiene la definición de “depósito indisponible”, pues es esta situación la que marca el momento a partir del cual se activa el mecanismo de garantía de depósitos previsto en la Directiva.

Es a través de sus preguntas séptima y octava, que el órgano remitente pregunta al TJUE si el artículo 3, punto 1, epígrafe i), de la Directiva 94/19 tiene efecto directo y si tiene por objeto conferir derechos a los particulares, a efectos de exigir la responsabilidad del Estado por infracción del Derecho de la Unión, con motivo del reembolso tardío de los fondos de un particular, en el contexto del mecanismo de garantía de depósitos diseñado por la Directiva.

El Tribunal de Justicia, como la Abogado General Kokott en sus conclusiones, apunta a las diferencias entre este caso y el que dio lugar a la sentencia de 12 de octubre de 2004, Paul (C-222/02), en que se dejó sentado que el Derecho de la Unión no se opone a que a los particulares se les excluya del derecho a la reparación por los daños sufridos como consecuencia de una vigilancia insuficiente o negligente por parte de la autoridad nacional de supervisión de los establecimientos de crédito o a exigir la responsabilidad del Estado sobre el fundamento del Derecho de la Unión con el motivo de que esas funciones de supervisión se lleven a cabo en el interés general. 

A diferencia del caso Paul, aquí ha habido un reembolso de los fondos del depositante, que, no obstante, se ha efectuado de forma tardía, a consecuencia de la transposición incorrecta de la Directiva 94/19 y de la puesta en práctica incorrecta del mecanismo de garantía de los depósitos previsto en esta Directiva.

Recuerda el TJUE su jurisprudencia a propósito de los tres requisitos para exigir la responsabilidad del Estado frente a los particulares por no respetar el Derecho de la Unión (que la norma violada tenga por objeto conferir derechos a los particulares; que la violación sea suficientemente caracterizada; y que exista una relación de causalidad directa entre la violación del Derecho de la Unión y el perjuicio sufrido por el particular), y señala que, aun cuando dicha jurisprudencia no supedita la exigencia de responsabilidad del Estado al efecto directo de la disposición presuntamente violada, en este caso, de tener el artículo 1, punto 3, epígrafe i), de la Directiva 94/19 tal efecto directo, el Banco Nacional de Bulgaria habría cometido una violación del Derecho de la Unión, al no haberse incorporado esta exigencia a las normas nacionales de transposición.

A propósito del primer requisito, el TJUE considera que tal disposición tiene efecto directo, pues, aun cuando la autoridad nacional competente tiene margen de apreciación para llevar a cabo la constatación de la situación de indisponibilidad de los depósitos bancarios, una vez evaluada la situación, pesa sobre ella una obligación incondicional y suficientemente precisa, de poner en marcha el mecanismo de garantía dentro del plazo de cinco días laborables.

La disposición cuestionada tiene también por objeto conferir derechos a los particulares.

Es en punto al segundo requisito -que la violación del Derecho de la Unión constituya una violación suficientemente caracterizada-, que el Tribunal de Justicia se muestra más favorable a las eventuales reclamaciones de los particulares, señalando que el margen de apreciación que se concede a las autoridades nacionales a la hora de apreciar la situación de indisponibilidad de los depósitos bancarios, es restringido, dado que la Directiva precisa las condiciones en las cuales la constatación de esa indisponibilidad debe efectuarse, así como el plazo en el que tal constatación deberá operar.
Asimismo, el Tribunal de Justicia se remite a la apreciación que haga el tribunal de reenvío para determinar si se está en presencia o no de una violación suficientemente caracterizada, en particular, el carácter intencional o involuntario del perjuicio, sin que otras circunstancias consideradas en el litigio de origen en Bulgaria se consideren pertinentes. Así no se considera que tenga incidencia alguna el hecho de la ausencia de fondos del Fondo de Garantía de Depósitos para hacer frente a todos los depósitos; tampoco el sometimiento del banco a un procedimiento especial de supervisión o vigilancia, ni que se abonase su crédito al depositante una vez fallaron las medidas de saneamiento impuestas a la entidad de crédito
Respecto del tercer requisito, consistente en que exista un vínculo directo entre la violación de la norma del Derecho de la Unión y el perjuicio sufrido por el particular, también aquí el Tribunal de Justicia se remite a la apreciación que haga el órgano jurisdiccional remitente.

A propósito finalmente de los procedimientos nacionales para hacer efectiva la responsabilidad del Estado por infracción del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia responde que el artículo 4 TUE, apartado 3, y los principios de equivalencia y efectividad no se oponen en principio a una legislación nacional que prevé varias vías de recurso, ante jurisdicciones distintas. En cambio, sí se opone a tal disposición y a tales principios una legislación nacional que subordina la exigencia de la responsabilidad del Estado al carácter intencional de la infracción. En cuanto a la exigencia de una tasa fija o proporcional al coste del litigio, no se considera en sí misma contraria al principio de efectividad, para lo que deberá tenerse en cuenta el montante y la importancia de la tasa, el carácter insalvable del obstáculo que su pago representa para el acceso a la justicia, su carácter obligatorio o las posibilidades de exención. Finalmente, el principio de efectividad tampoco se opone a juicio del Tribunal de Justicia, en principio, a que el particular que haya sufrido el daño obtenga previamente la anulación del acto administrativo que se encuentra en el origen del perjuicio, para lo cual, la jurisdicción de reenvío deberá tener en cuenta si la anulación de tal acto está excluida o es muy limitada , de cara a considerar si tal exigencia puede hacer excesivamente difícil la obtención de una reparación por los daños ocasionados por una violación del Derecho de la Unión.

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